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01-01-2016

[Actualidad ANPE]

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Con la cuota sindical anual, ANPE-Andalucía te regala un seguro de responsabilidad civil GRATUITO. Descubre aquí su utilidad

 


Ante la desprotección que sufren los profesores por acciones u omisiones que puedan llevar a cabo, en el ejercicio de su función, ellos mismos o los alumnos que están a su cargo y que puedan producir algún daño a terceros, ANPE-Andalucía  protege a sus afiliados, con Seguros ZURICH, a través de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA que cubre por una cuantía de hasta 60.000 euros, la posible indemnización por daños a la que un profesor pudiera ser condenado.
Para ser beneficiario de este seguro basta con estar al corriente de cuotas en ANPE y en situación de servicio activo en cualquier Centro docente.
Los afiliados beneficiarios no han de pagar cantidad alguna ni hacer ningún tipo de gestión, pues ANPE es el tomador del seguro.
Te recordamos que la cuota anual de ANPE es de sólo 72 euros.

Nadie da más por menos.

Frente a las mentiras de aquellos que dicen que la responsabilidad civil del profesorado está adecuadamente cubierta por la administración educativa, a continuación explicamos por qué no es así:

 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN NUESTRO TRABAJO

Muchos profesores creen que están a cubierto de las posibles responsabilidades que se les pueda exigir por hechos realizados por ellos mismos o por los alumnos que están a su cargo.

Pongamos un ejemplo y que cada lector haga extensivo el caso a otros acontecimientos similares.

Salida al recreo; profesor tratando de controlar a 30 alumnos; alumnos que bajan en tropel la escalera; uno que empuja a otro, que cae y se rompe el brazo; revuelo, atención, lloros, prisas, urgencias, operación, escayola, etc…; padre que denuncia; juicio; Juez que condena (al tutor o al profesor encargado de esos niños en ese momento, o al director del centro; indemnización a pagar según baremo de accidentes (unos muchos miles de euros).

¿Está cubierto el profesorado por algún seguro de la administración educativa? Respuesta, “rotundamente NO”.

¿Por qué no? Pues porque la Administración considera que con lo que se dice en el artículo 145 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es suficiente.

A ese artículo 145 de la citada ley, se le dio nueva redacción por la Ley 4/1.999  de 13 de enero. Veamos como queda este artículo con su nueva redacción:

“EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

1.- Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capítulo I de este Título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2.- La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción el procedimiento que reglamentariamente se establezca”

Una primera lectura de ese artículo puede dar la sensación de que no hay problema, pues, el particular perjudicado según se dice en el punto 1, debe reclamar a la Administración directamente y no al profesorado.

Pero si se sigue leyendo veremos como la Administración, según el punto 2,, puede por vía de regreso reclamar al funcionario (profesor) la indemnización que se hubiera pagado.

Queremos resaltar aquí que en la redacción que tenia ese articulo en la Ley 30/92 decía en ese punto 2, que “… la Administración que hubiera indemnizado PODRÁ exigir de sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido”, pero en la nueva redacción ha desaparecido el “podrá”, y se ha convertido en “Se EXIGIRÁ DE OFICIO”, es decir que lo que antes era potestativo ahora es obligatorio y de oficio.

Para clarificar más la cuestión no hay que olvidar el art. 146.1 que dice:

“RESPONSABILIDAD PENAL. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente”

Con este artículo la desprotección ya es total.

El art. 145 se refiere a si el particular opta por reclamar a la administración en vía administrativa. El particular puede optar también por acogerse a la vía del 146, que es lo que ocurre la mayoría de las veces. Denuncia por la vía penal que siempre lleva aparejada responsabilidad civil, y aquí es donde nos pilla, pues, siempre va aparejada una indemnización en cuantía que cubra esa responsabilidad civil, que en ocasiones (siempre tras jaleos y movilizaciones) se ha conseguido que la pague la Administración, pero seamos conscientes de que la Administración no está obligada y que además aunque se pague si se ha hecho después de sentencia, nadie nos quita lo condena que hayamos recibido por la vía penal.

 

Asesoría Jurídica de ANPE-ANDALUCÍA.